Washington levantó sanciones claves contra el Estado venezolano. ¿Y ahora?

El 18 de octubre, la administración Biden anunció la suspensión, por seis meses, de un paquete de medidas económicas críticas contra empresas públicas. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre lo que significan en cuanto a todos los actores involucrados y la población en general

La negociación llevaba tiempo ocurriendo a puertas cerradas, con la mediación de Noruega. Los próximos seis meses dirán si este acuerdo conduce a algo mayor, o no

Fuera de los tecnicismos, ¿cuáles sanciones se levantaron?

Lo primero que debemos entender es que las sanciones que se levantaron están directamente relacionadas con la economía y fueron emitidas contra empresas y negocios de propiedad estatal controladas por el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que el paquete de alivio no cubre sanciones contra individuos involucrados, por ejemplo, en violaciones de derechos humanos. Según la general license 44, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) levantó parcialmente sanciones sobre las operaciones petroleras y gasíferas en las que participa Pdvsa, por un periodo de seis meses.

Desde el punto de vista del gobierno estadounidense, esto está diseñado como una prueba para el gobierno de Maduro: si éste incumple los compromisos que adquirió en el acuerdo sobre las elecciones que firmó con la oposición esta semana en Barbados, estas sanciones serán aplicadas de nuevo.

Este es el mensaje que EEUU está mandando, y con claridad. “La licencia será renovada sólo si Venezuela cumple sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como los que asumió respecto a quienes han sido injustamente detenidos”, dice en inglés un comunicado de la OFAC.

Además, luego de que se anunció el alivio de sanciones, algunos funcionarios del gobierno de Biden dijeron que esperan que todas las inhabilitaciones que pesan sobre candidatos de oposición serán removidas este noviembre, y si no ocurre así, el gobierno de Maduro tendrá que asumir consecuencias. Veremos entonces qué pasa, porque todos sabemos que Maduro no tiene intención alguna de habilitar a María Corina Machado para que compita contra él en 2024, y todos sabemos que los estadounidenses lo saben.

Las nuevas licencias autorizan a empresas estadounidenses (o internacionales que tratan con EEUU) la producción, extracción, venta y exportación de petróleo o gas en y desde Venezuela, así como la oferta de bienes y servicios relacionados con esas actividades. También autoriza transacciones con algunos bancos bloqueados, como el Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela. La OFAC también permite ahora que se emitan facturas por bienes o servicios relacionados con estos sectores, nuevas inversiones en el país y la entrega de petróleo y gas venezolanos a acreedores de Venezuela y Pdvsa (como los que reclaman deudas a Citgo). Otra licencia autoriza operaciones con la compañía minera estatal Minerven CVG, según Estados Unidos para que se reduzca el tráfico ilegal de oro desde Venezuela. Las licencias aún restringen las operaciones y transacciones que beneficien a empresas rusas. Las sanciones relacionadas con Irán no fueron modificadas.

Todo esto implica que las sanciones levantadas han sido determinantes en cuanto a la capacidad del Estado venezolano para ganar dinero mediante la exportación de recursos y la atracción de inversiones (obviamente aparte de todos los demás factores que han derrumbado la producción petrolera y ahuyentado las inversiones).

Estas medidas significan que las mayores restricciones de origen externo para las fuentes de ingreso del gobierno de Maduro acaban de ser removidas.

Claro que la capacidad del Estado para reactivar la industria energética a tiempo, y el modo en que el gobierno disponga de los ingresos que genere está más allá del control de la OFAC. Pero podemos decir que las empresas públicas controladas por el Estado chavista pueden operar y exportar de nuevo sin tener que perder tiempo y recursos evadiendo las sanciones.

Ahora, las empresas de petróleo, gas y minerales pueden hacer transacciones con el sector bancario y las empresas extranjeras que participen en la exploración, extracción, procesamiento y exportación de esos productos. Así mismo, los acreedores pueden aceptar pagos de empresas públicas venezolanas. Las empresas extranjeras con intereses en el país, además de la petrolera Chevron, pueden reanudar sus operaciones, cobrar dinero que se les debe y hasta hacer nuevas inversiones sin meterse en problemas con EEUU.

La cosa es más o menos así: empresas e individuos —de EEUU o de cualquier otra parte— pueden hacer ahora negocios con empresas estatales venezolanas, siempre y cuando no sean empresas mixtas o proyectos donde Rusia e Irán están involucrados, o negocios con bonos en el mercado primario.

¿Qué tiene que dar a cambio Maduro por el levantamiento de estas sanciones?

Se supone que el gobierno debe honrar los compromisos que asumió en Barbados y promover las condiciones para una elección presidencial competitiva en 2024: determinar una fecha precisa, actualizar el Registro Electoral, invitar a observadores internacionales, permitir que todos los candidatos tengan acceso a los medios, etc. El Departamento de Estado de EEUU “espera” y “entiende” que el gobierno va a liberar prisioneros políticos, y que va a definir un proceso para permitir que los candidatos hoy inhabilitados puedan gestionar su participación en 2024 antes de que termine el mes de noviembre de este año.

Según parece, el chavismo no piensa ceder en cuanto a la inhabilitación de María Corina Machado, por lo que la candidata que en este momento implica más riesgo para Maduro seguirá siendo impedida de competir en 2024, incluso ganando las primarias opositoras del 22 de octubre.

Maduro podría habilitar a candidatos más moderados, como Henrique Capriles, quien abandonó las primarias.

El gobierno también debe liberar a prisioneros políticos “según la ley”. Esto será usado, seguramente, con la mayor discrecionalidad por parte del régimen de Maduro. En la noche del 18 de octubre salieron en libertad cinco prisioneros, o rehenes, como el diputado de Primero Justicia Juan Requesens y el periodista y militante de Voluntad Popular Roland Carreño. Más de 200 presos políticos siguen en la cárcel o en arresto domiciliario, entre ellos personas con ciudadanía estadounidense.

¿Cómo esto beneficia al chavismo?

El gobierno está anunciando todo esto como una gran victoria contra el imperialismo, relanzando el tropo de “Venezuela se arregló” sobre un supuesto milagro económico bolivariano, y preparando la reelección de Maduro en 2024 con los ingresos que llegarán de las exportaciones de petróleo. ¿Cuánto será eso? Dependerá de cuánto puedan hacer en seis meses para extraer y exportar recursos, obtener inversiones, gerenciar mejor la industria, etc. Saquen los lectores sus conclusiones.

Claro que es una gran noticia para Maduro. Claro que esto incrementa su margen de maniobra para distribuir riqueza y reforzar lealtades, y para recuperar la legitimidad perdida al ganar una elección en 2024 gracias a la exportación de petróleo. También, por supuesto, estará Maduro bajo presión de las tribus políticas que lo rodean, cada una queriendo más recursos, así como de sectores de la población que están exigiendo mejores salarios y condiciones de vida, como esos miles de empleados públicos que llevan meses manifestando, y a los que siempre les han dicho que no les pueden dar nada por culpa del “bloqueo económico”. Ahora que el gobierno anunció que le quitaron las sanciones, ya no puede usar esa excusa.

¿Cómo beneficia esto a la oposición?

Partidos como Voluntad Popular —el más beligerante contra el chavismo— están viendo a gente suya salir de prisión. Las medidas de la OFAC también se supone que animarán al chavismo a permitir el regreso al camino electoral: aceptar que los partidos opositores compitan, de verdad, en una elección legítima el año que viene. Pero el levantamiento de sanciones también es munición para las guerras internas en la oposición. Si Machado sigue inhabilitada, y el chavismo favorece a otros candidatos opositores que puede derrotar más fácilmente en 2024 (digamos Manuel Rosales, Henrique Capriles o Carlos Prosperi), la oposición y el electorado se van a fragmentar, mientras Maduro se conforma con decir que está cumpliendo con el acuerdo de Barbados. La oposición sólo tendrá un chance real en esas elecciones semi competitivas si logra manejar la enorme diversidad de sus distintas fuerzas.

¿Cómo beneficia esto a la gente en Venezuela?

Si el levantamiento de sanciones se traduce en un influjo de petrodólares, la economía experimentará una reactivación importante, lo cual puede hasta reducir la presión migratoria que tanto preocupa a EEUU y el resto de la comunidad internacional. De hecho, como parte de las negociaciones Caracas-Washington que llevaron a este levantamiento de sanciones, Estados Unidos empezó a organizar vuelos directos hacia Venezuela, para repatriar a migrantes que rechaza. El primer vuelo llegó esta semana, con 135 personas. Washington quiere reducir los estímulos de la migración irregular venezolana.

¿Por qué está haciendo esto la administración Biden?

Como muchos otros países, incluso los que reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino en 2019, EEUU aceptó hace tiempo que el cambio de régimen no iba ocurrir en Venezuela y que lo mejor que podía hacer era usar la zanahoria en vez del palo. Pero EEUU tiene hoy dos problemas significativos, en los que una mejor relación con Venezuela le podría ayudar.

Primero, ayudar a que Venezuela reactive su industria petrolera puede hacer que un incremento en la producción de Pdvsa alivie el mercado del crudo y auxilie a las empresas estadounidenses que tienen intereses en este país. Por supuesto, el impacto inmediato sobre el mercado global sería mínimo, pero a largo plazo es una jugada inteligente, porque pasa por recuperar un socio petrolero regional relevante.

El otro problema es la crisis en la frontera. En octubre de 2023, EEUU empezó a deportar venezolanos que habían cruzado a EEUU sin visa (ojo, luego de expandir el TPS para otro medio millón de venezolanos viviendo allá). Esto tomó grandes esfuerzos diplomáticos por parte de EEUU y de Venezuela, y para la perspectiva del gobierno de Biden parece que la mejor solución que hallaron para implementar una política más fuerte de fronteras pasa por devolver al chavismo a la diplomacia.

Si hay elecciones competitivas y Maduro gana y vuelve a ser legítimo ante EEUU, queda por resolver la cuestión de si se restauran relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países, si se reabren embajadas y rutas aéreas. Hay muchas razones para buscar esa reapertura, desde la crisis migratoria hasta la misma necesidad de consulados para que los venezolanos en EEUU puedan votar en las presidenciales de 2024 o no tengan que viajar para gestionar un pasaporte.

Al fin y al cabo, esto permitiría a EEUU a competir con Rusia, Irán y China por la influencia sobre esa Caracas que está ahí tan cerca. O al menos eso esperan en la Casa Blanca.

¿Irán a levantar más sanciones?

Eso dependerá de lo que pase en los próximos de aquí a abril de 2024. Las sanciones individuales relacionadas con acusaciones de abusos de derechos humanos, corrupción o tráfico de drogas son más difíciles de remover. Algunas personas, como Diosdado Cabello y muchos oficiales militares involucrados en tortura y asesinatos no esperan que esas sanciones se las quiten jamás, así que no tienen motivos para apoyar un rumbo más moderado para el régimen chavista.