“Dígame”, le dijo la fiscal a Carmen Arroyo otra vez y ella, otra vez, respondió: “¡No, dígame usted!”. 

Carmen sigue esperando que le digan que al menos hay una orden de captura para cualquiera de los veinte imputados por el asesinato de su hijo Cristian Charris. Yexemary Medina fue a la fiscalía esperando oír siquiera el “dígame” del nuevo fiscal que le asignan por el asesinato de su hijo Douglas Escalante, pero el fiscal no la recibió otra vez. Ivonne Parra fue a la fiscalía a decir por escrito que el imputado por asesinar a su hijo Guillermo Rueda sigue libre. Miyanllela Fernández fue a la fiscalía creyendo que le dirían cuándo comienza la reconstrucción de los hechos de la masacre de La Vega, en donde asesinaron a su hijo Richard Briceño. Maritza Molina fue a la fiscalía a ver si, después de diez años de investigación, por lo menos escucha un rumor sobre quién es el asesino de su hijo Billi Mascobedo.

Lina Rivera fue a la fiscalía a perder otro día: “Si con un caso pelotean, imagínese… Yo tengo cinco muertos: mi hijo Jesús Rivera, mi hermano Daniel Rivera, dos sobrinos, Jordan y Josué Rivera, y mi yerno Kevin Figueroa”.

Desde el año pasado, estas mamás conforman el comité de víctimas Madres Poderosas.

“Falta Rosa Pérez, la mamá de Genyill Chacón, que está fuera de Venezuela; Sharon Duque, la hermana poderosa de Jesús y Pablo; y Samuel González, el papá poderoso de José Enrique González que está en Barrancas del Orinoco ―cuenta Ivonne― Somos poquitos todavía pero, desde que nos unimos, somos más fuertes, porque nos comprendemos y nos apoyamos”.

También se vuelven más visibles por las procesiones que hacen todos los lunes, o dos días a la semana, o cada quince días, en las fiscalías de la avenida México, de la esquina de Ferrenquín y de la avenida Urdaneta.

“¡Porque estamos toditas juntas! ―explica Ivonne―. Si hay que ir a los tribunales, también vamos juntas. Buscamos la manera de entrar juntas también. Nos contamos lo que vamos haciendo y lo que falta por hacer mientras caminamos de una fiscalía a la otra o en las plazas Parque Carabobo y La Candelaria… Si una no tiene pa’ un pasaje, la otra se lo completa…”

Agrega Maritza: “Nos ayudamos con lo que le ha pasado y le han dicho a la otra, y nos preparamos, vamos aprendiendo de leyes, de cómo es el sistema de justicia de aquí, de cómo hacer un escrito bien justificado con lo que vayamos a solicitar y cómo consignarlo… Una tiene que prepararse hasta jurídicamente, porque aquí se mata a la gente como zancudos”.

Pero lo más importante es que tratan de que ninguna esté sola.

Tratan, porque solas se sienten desde que sus hijos ya no están con ellas, sino en la lista de ejecuciones extrajudiciales: a Cristian, Guillermo, Jesús, Daniel, Jordan, Josué y Kevin los mataron funcionarios de las FAES. A Douglas, los del CICPC. A Richard, los de la PNB y a Billi, quién sabe. Y eso que los muchachos no eran malandros, ni andaban en vainas raras, ni murieron en enfrentamientos. Dice Carmen: “Es que aparte de que nos los matan, los criminalizan: les montan unos expedientes feos cuando no tenían antecedentes penales ni en el SIPOL (Sistema de Investigación e Información Policial) ni en tribunales”.

Las muertes de estos muchachos no son homicidios aislados. Explica el abogado Rafael Gordon de la ONG Defiende Venezuela, “al conectarlos, vemos que esas personas fueron asesinadas por el Estado venezolano en un modus operandi en el que, por ejemplo, el cuerpo de seguridad llegó, mató, alteró el sitio del suceso y luego entorpece la justicia. Hay patrones en estos casos y en los casi dos mil casos documentados en los cuales queda claro el aspecto sistemático, es decir, que hubo un plan organizado, una orden y ejecuciones. Hubo políticas de Estado. Así que estos hechos se pueden considerar como crimen de asesinato del Estatuto de Roma”.

Es decir, si estos casos se ven aislados acaban siendo homicidios, por lo tanto, terminarán prescribiendo. Pero si se entienden como crímenes de asesinatos son crímenes de lesa humanidad, en consecuencia, no prescriben nunca. Claro que hay que demostrarlo.

“¡Por eso es que hay que denunciar! ―enfatiza Lina― Es lo primerito que hay que hacer. El miedo no sirve, la denuncia sí… Desde que yo puse la denuncia, la cosa se ha calmado un poco por donde yo vivo… Esto no se puede repetir, porque uno tiene niños pequeños que van a crecer. Yo sé que se tiene el riesgo de que maten al otro hijo, pero si las mamás no denuncian, ¿cómo va a parar todo esto?”

Que la violencia institucional policial y militar en Venezuela ha dejado un reguero de muchachos muertos ya se sabe.

De acuerdo con el proyecto Lupa por la Vida de las organizaciones Provea y Centro Gumilla, entre enero de 2015 y junio de 2021 fueron asesinadas 7.180 personas, en su mayoría jóvenes en zonas pobres, por agentes del Estado.

Una acción nada espontánea si se entiende como la evolución de la práctica de una cultura policial anterior. Explica el activista Raúl Cubas, cofundador de Provea:

“En la década de los ochenta, las ejecuciones extrajudiciales todavía eran una consecuencia de la época de Gómez y de Pérez Jiménez, además, todavía existía la Ley de Vagos y Maleantes. Las ejecuciones eran violencia policial como manera de control social. Eran una práctica generalizada pero no sistemática, o sea, que había muchísimos casos, pero no había pruebas de que fuera una política de Estado para reprimir la delincuencia. Esto cambia después de la muerte de Chávez y del establecimiento de Maduro en el poder. ¿Qué ocurrió? Maduro echó por tierra la planificación y los incipientes cambios que se hicieron en la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) para modificar el perfil de la actuación policial”.

En 2013, el CICPC asesinó al hijo de Aracelys Sánchez, Darwilson Sequera. Recuerda ella que “así será la cantidad de gente que ya estaban matando por matarla que cuando yo llegué a la fiscalía el fiscal se burló de mí y no me brindó una medida de protección familiar”.

Ese día, según Aracelys, estaban una mamá y una abuela a quienes les había pasado lo mismo y le dijeron a Aracelys para unirse y hacer algo: “Y eso hicimos… Nos pusimos a buscar a los muchachos por las noticias, en la morgue… Y nos acompañamos en las funerarias o en los entierros”. De esta manera se creó la Organización de Familiares Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Orfavideh), de la cual Aracelys es coordinadora.

Desde entonces, las mamás de Orfavideh protestan y denuncian: “Muchas veces las mamás, las mujeres, tomamos las riendas ―dice Aracelys―, porque sabemos que los hombres corren más peligro, tanto los hijos como los esposos, porque la policía arremete, más que todo, contra la figura masculina de la casa”. 

En 2014, este cambio en la actuación policial quedó demostrado con el incremento de las ejecuciones extrajudiciales en toda Venezuela, sobre todo en los sectores populares del país. También quedó demostrado, además, que estos crímenes son una política de Estado que se sigue cumpliendo.

En 2017, a Guillermo lo asesinaron dentro de su casa, en actuación desproporcionada, con un tiro de gracia y uno que otro a una pared para simular un enfrentamiento, sin ninguna evidencia que lo implicara en algún crimen, sin defensa, sin ni siquiera dejarle gritar que era inocente y, como si no bastaran estas violaciones al reglamento del cuerpo policial y a todos los derechos de Guillermo, le pusieron un arma en la mano. A Ivonne, su mamá, la sacaron de su casa a la fuerza con trato cruel, inhumano y degradante. Pero Ivonne logró ver y escuchar todo.

En los primeros seis meses de 2019, de acuerdo con Provea, se registraron al menos 300 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Lara fue ese año el estado con mayor cantidad de ejecuciones, 164 en el primer semestre, que en agosto de ese mismo año pasaron a ser 217. Los familiares de cuatro de los asesinados pertenecen a la Alianza de Familiares de Víctimas de Venezuela (Alfavic Venezuela): Fanny Castillo, abuela de Luis Alejandro Pérez; Evangelina Suárez, mamá de Luis Enrique Ramos; Lidia Torbello, mamá de Eduardo Luis Ramos; y Naymar Escalona, prima de Cristian Ramos.

Explica Elvira Llovera de Pernalete, mamá de Juan Pablo Pernalete y presidente de Alfavic: “Ahora somos Alfavic Venezuela y no Alfavic 2017, porque ya no somos solamente las mamás y los papás de los jóvenes asesinados durante las protestas de 2017. Nos estamos uniendo y organizando con familiares de muchachos de otros años y víctimas de ejecuciones extrajudiciales que siguen ocurriendo en impunidad, sobre todo en el interior del país”.

“Aquí en Barquisimeto, Carora, El Tocuyo no es como en la capital ―agrega Fanny―. Aquí hay poca gente pendiente de lo que pasa y eso que matan a un pocotón de muchachos. Yo soy la única abuela de Alfavic y te digo que aquí en Venezuela estamos quedando puro viejos, porque si los muchachos no se van, los matan”.

En 2021, Lupa por la Vida documentó 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y militares en Venezuela.

Una de las madres poderosas pide que no aparezca su nombre en este comentario: “Es como me dijo una vecina, que es esposa de un tipo del FAES: la orden es que, si no tienen un preso, aparezcan dos muertos, para decir que hicieron algo. Por eso es que yo creo que a cualquier mamá puede pasar por lo que nosotras estamos pasando”.

Cualquier mamá, pero pobre.

Como dice Ivonne: “En los barrios, los muchachos como que ya tienen el ‘delito’ de ser ‘negros’, pobres y de vivir ahí, y eso es una discriminación que mata. Fíjate que muy difícilmente el FAES se mete al Este de Caracas para sacar a un muchacho de su casa para matarlo o matarlo dentro de su casa”.

El psicólogo e investigador Francisco Javier Sánchez explica: “Las muertes de las familias más empobrecidas no tienen acercamientos del Estado ni de los actores políticos o sociales. Los muertos por OLP y FAES son producto de un estigma social en los cuerpos de seguridad que lleva décadas construyéndose: es la expresión de creer que hay ciudadanos de segunda, que son ‘matables’, porque ‘algo habrán hecho’, como si la muerte del malandro estuviera justificada”.

Es decir, los hijos de Carmen, Yexemary, Ivonne, Miyanllela, Maritza, Lina, Aracelys, Evangelina, el nieto de Fanny y el primo de Naymar, en principio, son culpables para la sociedad, por lo tanto, “se merecen que los hayan matado”. De manera que estas mamás han tenido que enfrentarse no solo al sistema judicial venezolano para defender a sus hijos, sino a la opinión de algún vecino o de algún medio que olvidaron que, si hasta los malandros tienen derecho a la vida y al debido proceso, cómo no los iban a tener sus hijos que eran muchachos inocentes.

Incluso estas mamás han tenido que lidiar con los políticos: “Más que respaldo, sentimos que, algunas veces, hemos sido utilizados como ficha política ―cuenta Elvira―. Pero lo que más nos molesta es que la gente nos diga que nuestros hijos fueron ʿcarne de cañónʾ, ʿterroristasʾ, ʿdelincuentesʾ, ʿcriminalesʾ o ‘guarimberosʾ. Eso es un irrespeto hacia nosotras y hacia ellos. Nos duele…”

Este apoyo a las acciones represivas que “pasan en los barrios nada más”, porque “los barrios promueven la delincuencia” o en las protestas “por andar quemando caucho” es uno de nuestros tantos temas sociales y de seguridad ciudadana que, como dice Cubas, “está allí y pesa, y hay que contrarrestar”. 

Mientras tanto, la paradoja sigue viva: la mayoría de los funcionarios asesinos comparten las mismas vulnerabilidades socioeconómicas que sus víctimas.

Para Cubas, otras paradojas siguen inadvertidas: “No hay que olvidar que las OLP son las iniciales de la liberación de Palestina, así que para la mayoría de la gente tenía un significado de lucha progresista y acá la utilizaron para reprimir a los sectores populares. En mi lectura, esas represiones, militares y policiales, complementan las manifestaciones de 2014, 2015 y 2017, o sea, el chavismo reprime a su propia base social, porque entiende que es una manera de evitar nuevas explosiones sociales”.

“Lamentablemente, para las víctimas, la única expectativa de justicia es a través de la Corte Penal Internacional ―sostiene Ezequiel Monsalve, abogado de Defiende Venezuela―, porque aplica una responsabilidad penal sobre presuntos agresores de crímenes de lesa humanidad. Aunque el contexto de la investigación Venezuela I son las protestas, no quiere decir que los OLP no puedan ser incluidos. El fiscal Khan puede ampliar el contexto, porque se encuentra investigando formalmente. Yo estoy convencido de que estos casos pueden ser crímenes de lesa humanidad”.

¿Pero podrían los comités de víctimas lograr el reconocimiento de sus casos por parte de la CPI?

“Solos no ―de acuerdo con el abogado e investigador del CDH-UCAB Carlos Lusverti―. Hace falta que los comités tengan acompañamiento de organizaciones. Necesitan apoyarse en trabajos de documentación, porque la Corte necesita más que denuncias y movilizaciones. Necesita argumentos, elementos técnicos, fortalezas de las pruebas para poder construir los racionales que permitan el análisis de la situación, tanto de lo masivo, de la sistematicidad de la perpetración como de la impunidad de los hechos”.

Documentaciones sobran y se sigue recopilando información por medio de las organizaciones de defensa de los derechos humanos que operan en Venezuela.

Las mamás se siguen preparando hasta para hacer más llevaderos los maltratos, abusos de poder e ineficiencia del sistema jurídico nacional, mientras llega la justicia internacional que ven más cerca.

Fanny está por regalarle una foto de su nieto al fiscal que le dijo que solo se acuerda del caso cuando la ve en la oficina, mientras que Carmen ya no llora ni delante de funcionarios ni cuando ve al asesino de su hijo.

Pero a todos estos esfuerzos sigue indiferente gran parte de la sociedad civil. Persisten la crisis humanitaria compleja, la migración masiva, el desánimo de quienes se quedan, el replanteamiento de planes en pandemia, la apatía, la destrucción de los movimientos sociales, profesionales, sindicales, políticos y hasta ambientales. Sobre todo, persiste el miedo por el recuerdo de la represión descomunal. Así que las demandas de estas mamás no son ni un tema en los tantos diálogos, aunque ellas siguen logrando que sus relatos contrarresten el discurso oficial de los hechos criminales y así presionen al gobierno para lograr acuerdos y cambios en el país.

Se trata de una lucha persistente y útil que explica Albornoz: “Ellas piensan en procesos, no en la inmediatez. El que piensa en el día a día, piensa ʿ¿Pa’ qué la memoria?ʾ Pero ellas saben que la verdad y la memoria sirven para que los violadores de derechos humanos digan qué hicieron, cómo lo hicieron y sus razones para hacerlo, y así, en cinco, diez años, los chamos que están en el colegio sepan qué fue lo que pasó y no venga alguien a revivir una revancha”.

Agrega Lusverti: “La lucha de estas madres tiene una dimensión individual, pero también colectiva: cuando ellas buscan justicia, verdad y reparación, y las consiguen, también lo hacen para la sociedad, porque se logran medidas que benefician a todos. Mientras ellas sigan organizadas en la búsqueda, además, tienen un valor pedagógico y simbólico, pues permiten visibilizar otras estructuras o patrones que han contribuido a que la violación ocurra y, una vez visibles, pueden comenzar proceso de cambios”.

De manera que, tal como advierte Sánchez, la sanación de estas mamás, algún día, también será la reparación del tejido social venezolano, pero mientras llega ese día, Ivonne quiere que todos los funcionarios asesinos caigan presos con pena máxima para llorar a su chamo como debe ser y Lina quiere morir con todos sus nietos vivos.