Mientras continúa la guerra de Rusia y Ucrania, y se espera el seguimiento sobre los posibles crímenes de lesa humanidad a la etnia uigur asentada en la provincia china de Xinjiang, Volker Türk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo su primera visita a Venezuela desde el jueves 26 hasta el sábado 28. Fue una misión discreta, comedida y brevísima de 48 horas para atender la invitación que le hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en noviembre de 2022, y para entrever la gravedad de las violaciones cometidas y que se siguen cometiendo en el país.

De manera que el alto comisionado llegó días después de las protestas laborales en el estado Bolívar, en las que detuvieron a nueve trabajadores de Bauxilum y Sidor;  dos dos días después de que la Asamblea Nacional aprobara, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines; en día después de que el CICPC detuvo al periodista José Gregorio Meza y la DGCIM allanaba la casa de la diputada Auristela Vásquez y otros funcionarios la de la diputada Dinora Figuera; y el mismo día en que, en Acarigua, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo al maestro de Fe y Alegría Roberto Carlos García por una foto en su Whatsapp en la que promovía una colaboración para el colegio.

El 26 de enero, día en que llegó el alto comisionado, un grupo de personas se concentró frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) para reclamar mayor presión ante las violaciones de derechos humanos en el país. No habían pasado más de veinticuatro horas de Türk en el país cuando el CICPC detuvo a la defensora de los derechos humanos y profesora de la Universidad Metropolitana María Fernanda Rodríguez.

Con quiénes se reunió el alto comisionado y de qué hablaron

Acompañado de Elizabeth Throssell, portavoz adjunta de la misión; José María Aranaz, director para las Américas y Europa; y las delegadas Helene Devaux y Fernanda Sostisso; Türk se reunió con Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Remigio Ceballos (ministro para relaciones interiores, justicia y paz), Vladimir Padrino López (ministro para la defensa) y Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional). Con ellos, el alto comisionado abordó, principalmente, los temas de la crisis política y económica venezolana.

En los encuentros con Gladys Gutiérrez (presidente del Tribunal Supremo de Justicia), Tarek William Saab (fiscal general), Alfredo Ruíz Angulo (defensor del pueblo) y miembros de la delegación de la plataforma unitaria para el diálogo en México (extraoficialmente se supo de Gerardo Blyde y Stalin González), el alto comisionado trató los retos que Venezuela debe encarar y superar, especialmente escuchar a las víctimas y que sean incluidas en el proceso político.

Por su parte, en los encuentros con más de 125 personas de la sociedad civil, defensores, víctimas y representantes de violaciones de derechos humanos, así como representantes de la iglesia católica trató, precisamente, las violaciones desde todas las perspectivas posibles. Durante la rueda de prensa, Türk habló sobre las “conversaciones francas” que sostuvo con las autoridades y en las cuales manifestó, entre tantas, sus preocupaciones sobre las detenciones arbitrarias, torturas, condiciones de los detenidos, asesinados en operativos y demostraciones de seguridad, retardos procesales y mejoramiento del sistema de justicia.

Lo más destacable de la visita

La renovación del memorando de entendimiento para la cooperación y asistencia técnica, el cual busca fortalecer los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Así mismo, destaca la renovación de la presencia de la oficina en Venezuela por dos años para seguir monitoreando e informando sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, el memorando sigue sin hacerse público, de manera que se desconocen los acuerdos entre las autoridades venezolanas y el ACNUDH, y las repercusiones que estos acuerdos puedan tener. Además, aún se desconoce si esta oficina será permanente y si se incluirán más oficiales como se ha venido solicitando.

Los pendientes más urgentes

Si bien el alto comisionado entregó a las autoridades venezolanas una lista de detenidos arbitrariamente ―que además son torturados o padecen tratos crueles, inhumanos y degradantes― e hizo un llamado por la liberación de estos detenidos, los familiares esperan que, en efecto, la liberación ocurra, pues como dice Franklin Caldera, presidente de Familia SOS Libertad y padre del preso político Franklin Caldera Martínez: “Sabemos cómo es el régimen: una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que ellos hacen… Le pedí al alto comisionado que nos ayudara, que haga seguimiento, que no quedara todo en el olvido como sucedió con Bachelet”.

Mientras los detenidos son liberados, cesar las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia ellos y hacia sus familiares es otra de las urgencias. A propósito de esto, Türk señaló en su comunicado que las autoridades venezolanas se comprometieron con que las denuncias de torturas serán atendidas, investigadas y se enjuiciará a los responsables. El alto comisionado, además, recordó la necesidad de que sus oficiales puedan tener acceso a todos los centros de detención, incluyendo los centros militares.

Estas solicitudes de Türk confirman que en Venezuela hay presos políticos y que están siendo torturados.

Para Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, las urgencias son tantas como las necesidades que hay en el país: “Esperamos que también monitoreen las acciones que se están haciendo para cerrar el espacio cívico como reprimir las organizaciones no gubernamentales, en particular a través de la ley contra las ONG que se está promulgando”.

De manera extraoficial se supo que, durante las reuniones privadas, el alto comisionado mostró conocimiento amplio de la situación de Venezuela, aunque no sobre la ley que podría afectar a, por lo menos, noventa organizaciones. Cabe advertir lo que resume Daniels: la aprobación del proyecto de ley, entre tantas violaciones, pretende no solo entorpecer y reprimir las acciones de las ONG o de cualquier asociación, sino negar su existencia y así invalidar todas sus acciones.

Por su parte, Ivonne Parra, del grupo Madres Poderosas y madre de Guillermo Rueda, insiste en la disolución de la FAES que mató a su hijo. Teme que “al señor Türk no le hagan caso como hicieron con Bachelet. Ella dijo que eliminaran el FAES, que son los que mataron a nuestros hijos, y solo les cambiaron el uniforme. Siguen siendo un grupo de exterminio en los barrios. Nosotros hemos venido trabajando con la oficina del alto comisionado y él lo que dijo fueron sugerencias muy genéricas que, sabemos, el gobierno no acata”.

¿Y después?

A través de una carta pública para el alto comisionado, la Dirección para las Américas de Amnistía Internacional advierte que Venezuela acordó con Bachelet diez visitas para los próximos años, pero solo se han concretado tres y ninguna ha sido por mandato de monitoreos de derechos civiles y políticos. De manera que la organización solicita a la oficina del ACNUDH que priorice la insistencia de las visitas al país del Grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, la Relatoría especial contra la tortura y la Relatoría especial para personas defensoras de derechos humanos.

En el comunicado firmado por noventa ONG piden que la oficina del ACNUDH “apoye claramente otros mecanismos regionales de protección de derechos humanos y de Naciones Unidas, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos”, así como el de la Corte Penal Internacional. Con estos apoyos, es necesario, además, “dar un respaldo a las organizaciones que quedan en Venezuela y colaboran con Naciones Unidas”, indicó Daniels.

Ambas peticiones enfatizan lo de siempre: que no se dé por cierta la versión oficial de ningún hecho.

Aunque preocupa su estilo diplomático y conciliador, las expectativas parecen ser acertadas si se toma en cuenta que Türk es doctor en derecho internacional. Theresly Malavé, directora de Justicia y Proceso Venezuela, ofreció un dato no menor en su cuenta de Twitter: “estuvo y conoce las atroces violaciones a los DDHH en Kosovo, Bosnia y Herzegovina, el Congo y Kuwait. Será muy difícil engañarlo”.

Aunque el alto comisionado animó la posibilidad de un diálogo entre las autoridades venezolanas, víctimas y sociedad civil, queda la pregunta de siempre: ¿Cómo dialoga la sociedad con un gobierno que solo monologuea en su propio idioma?

Elvira Llovera de Pernalete, presidente de la Alianza de Familiares y Víctimas de Venezuela (Alfavic) y madre de Juan Pablo Pernalete, agrega una advertencia: “Seguimos sin expectativas reales de justicia en Venezuela, así que mientras no haya contundencia en los mensajes de los organismos internacionales, el Estado venezolano seguirá violando los derechos humanos, burlándose de las víctimas y protegiendo a los victimarios”.