Pese a que el gobierno venezolano continúa evitando el escrutinio internacional, dos informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del 51° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, muestran que persiste la crisis de los derechos humanos en el país. O lo que es igual, que ningún avance anunciado por el gobierno es creíble.

De acuerdo con la Misión, la situación de los derechos humanos en Venezuela “sigue siendo grave”. Los informes confirman que se cometen crímenes de lesa humanidad y en uno de los informes, por primera vez, se señala a los responsables directos y a sus cadenas de mando.

¿Cuáles son los dos informes y qué aportan con respecto a los dos anteriores?

El primero es Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno. Profundiza en el mecanismo de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado: cómo se seleccionan y entrenan funcionarios para cometer abusos y torturas en todas sus formas, dónde se llevan a cabo y cómo son las condiciones de estos espacios, incluso en las casas de torturas clandestinas, cuáles son las cadenas de mando involucradas, cómo funcionan y quiénes dan las órdenes que se ejecutan.

Los nombres señalados confirman que en Venezuela hay un sistema diseñado y desplegado para reprimir y así cimentar el control del poder del gobierno. Como dice Marta Valiñas, presidenta de la Misión, los involucrados “muestran que los actos violentos no fueron realizados por individuos al azar y desconectados”.

Los responsables directos señalados son Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Tareck El Aissami. Las cadenas de mando incluyen siete jefes de los organismos de inteligencia Sebin y Dgcim: Rafael Franco Quintero, Hannover Guerrero, Alexander Granko Arteaga, Iván Hernández Dala, Ronny González Montesinos, Carlos Calderón Chirinos y Gustavo González López.

Para el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, este informe evidencia, además, cómo en Venezuela no se investiga a las cadenas de mando y cómo se establecen mecanismos para lograr la impunidad de la represión, porque precisamente están involucradas las instancias más altas del Estado: “El informe desmiente toda la propaganda oficialista acerca del mejoramiento de la justicia, muestra que no hay poder judicial independiente e imparcial que juzgue estos crímenes”.

Clara del Campo, encargada para Venezuela de Amnistía Internacional, advierte que las reformas de leyes y normas que puedan apuntar a un sistema de justicia más funcional, no pueden ser creíbles, porque de acuerdo con el informe: “los perpetradores de crímenes son las mismas autoridades”.

Con este informe va quedando más claro que la represión no quedó en el pasado, sino que ya son políticas de Estado sistemáticas y generalizadas que se mantienen por estar amparadas por un sistema judicial más parecido a un mecanismo de persecución.

El segundo informe es La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del
Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar, en el cual se amplía la sistematización de las violaciones y crímenes hacia las poblaciones en las zonas de extracción de oro, tanto por parte de funcionarios estatales como de grupos irregulares. El informe ofrece mayores datos sobre la represión a los indígenas en el 2019.

¿De dónde sacaron la información si la Misión no tiene permitido el acceso al territorio venezolano?

No se trata de una recopilación de noticias o de comentarios en las redes sociales. Ambos informes suman 246 entrevistas confidenciales a víctimas y familiares, y exfuncionarios, a través de llamadas telefónicas o videollamadas con conexión segura, y en las visitas a las fronteras venezolanas. Así mismo, se analizaron expedientes y documentos relacionados. Uno de los testimonios clave fue el del exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera.

¿Cómo estos informes ayudan a renovar el mandato de la Misión?

La Misión fue creada en 2019 para ayudar a las víctimas a buscar y conseguir justicia, además, para disuadir al Estado venezolano de cometer más violaciones a los derechos humanos. Los informes de 2022, así como las actualizaciones orales, reúnen pruebas de que las violaciones se siguen cometiendo, que persisten las fallas estructurales que facilitan dichas violaciones y que no existe un mecanismo interno capaz de impartir justicia. De manera que en tanto persistan las razones para la creación de la Misión, esta debería continuar su mandato, pese a las evasiones permanentes del gobierno para eludir el escrutinio internacional.

La Misión, además, es un espacio seguro para que las víctimas puedan exigir sus derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y así, informar con certidumbre a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela a través de un mecanismo internacional independiente.

No menos importante es que, dado que Venezuela no participa en la Organización de Estados Americanos, su vigilancia recae en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y cada informe de la Misión sirve de insumo para monitorear la situación del país. Así mismo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que acaba de dejar Michelle Bachelet) hace un seguimiento del caso de Venezuela, de manera que el trabajo de la Misión complementa el del Alto Comisionado, que es cooperar técnicamente y en el terreno con el Estado venezolano.

¿El informe sobre la represión sirve para la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional?

Por supuesto, aunque hay que tener claro que, en este momento, la investigación de Venezuela I a cargo del fiscal Karim Khan está detenida tras la solicitud del gobierno venezolano, a principios de este año, para que la CPI devuelva los casos a Venezuela y puedan ser sancionados según la justicia interna. La Fiscalía de la CPI espera entonces que una de las salas de la Corte resuelva si la Fiscalía debe o no continuar la investigación.

Pero, como dice Ignacio Jovtis de Clooney Foundation for Justice, el documento de la Misión es información valiosa, porque justamente demuestra lo que investiga la CPI, sobre todo “quiénes son los responsables penales, quiénes podrían ser llamados para declarar ante un tribunal de la CPI y qué órdenes de arresto o cuáles tipos de órdenes podría emitir la Fiscalía de la Corte para el momento en que empiece el juicio… El timing de este informe es muy bueno, así que la Fiscalía lo va a tener en cuenta”.

¿Cuál es la relación de los informes con el diálogo?

Ninguna. Sin embargo, si se quiere una solución real y pacífica, las negociaciones deberían incluir el respeto por los derechos humanos a partir de las recomendaciones tanto en los informes de la Misión, como en los del Alto Comisionado y las organizaciones civiles venezolanas.