Casi veintidós años después, Yameli Martínez, actualmente coordinadora nacional de ciudadanía en Fe y Alegría, recuerda aquella niña en el aula de preescolar a su cargo. Tenía cinco años y no hablaba con nadie. No dejaba que nadie se le acercara y lloraba mucho. Poco a poco Martínez se la fue ganando para que se sentara al lado suyo y no en la esquina. Una vez faltó varios días a clases y la mamá fue a hablar con la maestra. Entonces Martínez supo que el hermano de la mamá, de quince años, o sea, el tío de la niña, abusaba sexualmente de la pequeña desde que tenía tres años. La señora dejaba a su hija con el muchacho y se iba al trabajo.

Hoy, casos como este parecen ser más frecuentes. La Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia (Agencia PANA) en conjunto con los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) reveló que, para el primer trimestre de 2021, el abuso sexual es el primer tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes en Venezuela, muy por encima del maltrato infantil.

Lo grave no es solo el abuso, sino el lugar en el cual ocurre: el hogar de la víctima, el primer espacio de protección. Niñas, niños y adolescentes en el país están siendo forzados por los apremios sexuales de algún miembro de su familia. 

Como advierte Ezequiel Monsalve, abogado penalista de la ONG Defiende Venezuela, el problema de violencia sexual en el ámbito doméstico venezolano es más común de lo que se piensa: “Junto con la ONG Acceso a la Justicia, hicimos una revisión de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y pudimos comprobar que al menos el ochenta por ciento de las sentencias revisadas eran casos de abusos dentro de la esfera familiar cometidos por familiares biológicos o políticos de edad superior, a niñas más que a niños, aunque también hay una cantidad considerable de niños, casi todos entre doce y catorce años”.

Al revisar el informe de Agencia PANA y Cecodap, la alarma es mucho mayor: las víctimas de abuso sexual son niños y niñas entre los siete y los doce años.

El ciclo de violencia familiar

Todos sabemos de algún caso de conversaciones lascivas entre un primo mayor y uno muy menor, niños que exponen sus genitales a sus abuelos, tocamientos a “la niña que ya es mujer”, masturbaciones compartidas, fotos y videos que hacen los tíos a los sobrinos, penetraciones con el genital y con objetos por parte de “personas de confianza”. Poco a poco estos rumores se han vuelto conversaciones más cotidianas que rara vez acaban en denuncias.

No es que el abuso sexual infantil y juvenil sea consecuencia exclusiva del confinamiento y de la crisis humanitaria compleja. Venezuela ha ido propiciando escenarios para la comisión de este delito. Es lo que pasa cuando un país no tiene políticas públicas que garanticen el acceso a la educación sexual, explica el abogado de Defiende Venezuela, Alfredo Félix: no cumple con la obligación internacional de prevenir estos delitos. Si las tuviera, “niñas, niños, adolescentes y adultos que los rodean podrían conocer cuáles son las situaciones de riesgo y los límites saludables entre las relaciones”, dice Félix. “Como estas políticas no están, lo que hay es un caldo de cultivo para que el acto delictivo se realice de manera continuada”.

Cuando no hay educación, explica este experto, los menores no saben, por ejemplo, dónde los pueden tocar, quiénes y cómo; los padres no supervisan y no denuncian; y el Estado no implementa las políticas de prevención ni de acción. Es un círculo vicioso. Al no ejecutarse las políticas, no hay mayor educación sexual para nadie. Como es común en toda la región, la falta de formación en torno a la salud sexual y reproductiva en las zonas rurales, en entornos de pobreza o en pobreza extrema, tiene mucho que ver. 

“Existe un número abrumador de embarazos adolescentes y la mayoría son intrafamiliares”, sigue Félix, “y se asume que esto es normal y hasta positivo”. No hay conciencia de que la dinámica de poder impide el consentimiento de las jóvenes, y se asume que si participan en la relación sexual sin quejas, pues entonces no hay violencia sexual. “Otro ejemplo es que parece natural que un niño de tres años diga que tiene una noviecita, pero se está sexualizando al niño, se le está colocando expectativas que no se relacionan con su circunstancia”. 

Así es como las mentalidades van consolidando los riesgos de violencia sexual, que aumentan cuando las familias, aún teniendo conocimiento del delito, no denuncian por vergüenza, miedo a represalias por parte del perpetrador o el deseo de protegerlo “porque familia es familia”. 

El informe de PANA y Cecodap advierte que en el 38 por ciento de los casos los abusos son cometidos por la familia de la víctima y conocidos.

Es un ciclo de violencia en el entorno familiar, indica Ezequiel Monsalve, y solo pueden romperlo los padres al entender que hay que denunciar estas situaciones y actuar en consecuencia, “para que el victimario pueda ser extraído temporalmente del hogar si la denuncia es realizada entre las primeras veinticuatro horas de haber ocurrido el acto”.

El ciclo de negligencia estatal

Y ahí se hacen evidentes, claro, las fallas del Estado. Si a un menor, por ejemplo, tienen que separarlo de su familia porque en ella está siendo objeto de abuso sexual, no existen centros en donde se garanticen sus derechos durante su permanencia. La escasa comprensión de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho juega en contra. Para Félix, falta mucho para superar “la noción arcaica de que son objeto de derecho de sus padres”.

Las fallas se extienden hasta los organismos de protección creados por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) sobre el principio de que el interés superior es el bienestar de los menores. 

En octubre de este año, se conoció el caso de una adolescente que, tras cumplir la mayoría de edad en 2018, fue a la sede del Ministerio Público en Maturín, estado Monagas, para denunciar a su primo por sus abusos sexuales cuando ella era niña. Pero la funcionaria que la atendió se negó a abrir una investigación o siquiera un expediente, alegando falta de pruebas.

Este caso lo está llevando Defiende Venezuela. Monsalve asegura que “perfectamente la autoridad pudo proceder y cometió una violación al derecho a la justicia”. Esto pasa porque, según este abogado, las instituciones no tienen la capacidad operativa para estos casos. Hay lugares del país donde la policía pide diez litros de gasolina para ir a una casa a hacer una inspección.

Este es otro ciclo de violencia: los mismos órganos de investigación del Estado no aceptan las denuncias, por tanto, no generan diagnósticos y estadísticas para poder planificar, y por tanto no hay prevención, ni investigación, ni sanción.

El abuso sexual de niños y adolescentes en Venezuela sigue sin cifras oficiales y sin soluciones.

Apunta Monsalve: “Muy probablemente, Venezuela es uno de los peores países para ser víctima de violencia sexual. Cuántas víctimas no usan las redes sociales para exponer sus casos o no son visibilizados, o no les abren una investigación… Con la migración, ya hay una población en riesgo identificada y el Estado sigue sin crear una estrategia para que esas niñas, niños y adolescentes no sean víctimas de violencia de cualquier tipo”.

La escuela, el espacio más seguro

Aunque los centros educativos no cumplen las funciones de un organismo de protección, en la práctica se convierten en el primer espacio capaz de proteger. 

En el 2016, Fe y Alegría comenzó a escuchar rumores de violencia sexual y se dispuso a crear el protocolo de prevención y acción que hoy es política de la red de escuelas. Recuerda Martínez: “Dejamos los tabúes. Tuvimos que explicarles a los docentes, estudiantes, padres y representantes qué es, cómo se produce, cuáles son las alarmas, cómo evitarlo, los mecanismos de reporte y los organismos a los que tienen que recurrir para denunciar. A los padres y representantes, y a los mismos maestros, les decimos las consecuencias legales en la persona que abusa. Dejamos de hablarles de educación sexual y reproductiva sana nada más”.

Fe y Alegría ha mejorado su protocolo de acuerdo con los estándares internacionales de las organizaciones humanitarias que protegen la infancia, pero las escuelas tienen un límite de acción ante la inoperancia del Estado. Para Martínez, la coordinadora nacional de ciudadanía de la institución, los funcionarios de los consejos de protección y en la fiscalía no están preparados: “Son los principales agentes que cometen la revictimización, hacen que los muchachos cuenten eso muchas veces. Eso es total desconocimiento de cómo recoger datos y las consecuencias que esto trae a la víctima. A veces, en el mejor de los casos, solo piensan en el castigo al agresor, pero fíjate en el caso que te conté al inicio: al muchacho lo metieron preso, ¿y qué pasó con la niña? Recorrió toda la primaria en el mismo colegio y salió de sexto grado siendo la misma niña que no pudo relacionarse con los demás”.

El Ministerio de Educación no ha emitido una actualización de alguna normativa y mecanismos que protejan a los menores, al menos desde la escuela. Cualquier ruta de acción ha sido iniciativa de cada institución educativa.

Monsalve insiste en que el trabajo es de la familia, la sociedad, la cultura. “Podemos tener medidas de protección, cautelares, avances normativos, organismos nuevos, pero si no aplicamos las normas, si no son reemplazadas por unas efectivas, si no tienen seguimiento, si los canales de comunicación telefónica no sirven, si no hay datos, reportes, capacitación de funcionarios, nada va a funcionar bien, ni las escuelas, ni las organizaciones de derechos humanos, ni la sociedad. El abuso sexual a niños y adolescentes es problema de un Estado que no le da prioridad”.

Siempre denunciar

El Ministerio Público, los cuerpos policiales, los consejos de protección, y hasta el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) ―para niñas y adolescentes― no solo pueden recibir las denuncias. También tienen facultades para emitir medidas de protección sin autorización judicial.

Aunque la denuncia no se haga en las primeras veinticuatro horas de haberse cometido el acto, así haya pasado meses, años, la fiscalía tiene el deber de abrir una investigación formal que no dure más de cuatro meses y con prórroga máxima de noventa días.

Naturalmente, un hecho que ocurrió hace años es más difícil de investigar que uno que acaba de pasar, pero se puede llevar a juicio al victimario y demostrar su culpabilidad.

Y si el Estado venezolano no hace su trabajo, y se agotan los recursos ordinarios (apelaciones, solicitud de cambio de fiscales) y extraordinarios sin obtener respuesta, se puede acudir a instancias internacionales. Eso sí, el proceso tiene que estar bien documentado, dice Félix, “así sea con un papel que demuestre que una denuncia no fue recibida por falta de pruebas. Esto es para demostrar cuál fue la intención y la capacidad de resolver el caso en Venezuela. En instancias internacionales se evalúan la conducta procesal del Estado, la conducta procesal de la víctima, la complejidad del asunto y la afectación a la víctima”.

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, se pueden introducir casos con condiciones de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable, es decir, si ya se han hecho denuncias ante un consejo de protección y no se da la atención para un menor que está siendo víctima de violencia sexual y que no tiene mayor posibilidad de que su situación cambie. Por su parte, los relatores independientes del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas pueden actuar para determinar la responsabilidad internacional del Estado. Estos procesos internacionales pueden llevarse a cabo con asesorías y acompañamientos de instituciones para la protección de la niñez y adolescencia como Cecodap y Defiende Venezuela.

Por lo pronto, indica Martínez, “me parece que, por ahora, la intervención que queda, en gran parte, es de la escuela y esta intervención es seguir formando en el tema y dando atención psicológica a los niños y jóvenes”.

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Estas tres instituciones pueden brindar ayuda ante un caso de abuso sexual de menores:

Cecodap. Departamento Jurídico: +58 414 269 4782 / cecodap.juridico@gmail.com 

Defiende Venezuela. Para denuncias ante el sistema interamericano, llenar el formulario: https://defiendevenezuela.org/que-hacemos/defendemos/ 

Fe y Alegría. Para reportes y/o denuncias: +58 412 582 2701 / retroalimentaciondne@feyalegria.edu.ve / Para seguir las campañas en contra del abuso sexual de niños y adolescentes: FB: Retroalimentación FyA, IG: @retroalimentacionfya, TW: @retroalimentac3