La irregular trayectoria de la diplomacia de Guaidó

Más allá de los pasos en falso ante la opinión pública, los representantes de la AN están sujetos a la realidad de los dos gobiernos y la falta de un ministro que los coordine

Con Julio Borges y Humberto Calderón Berti en Bogotá, Colombia ha sido tan relevante para la diplomacia de Guaidó como Washington, D.C.

Foto: Diario Las Américas

A primera vista, los tres principales objetivos de la diplomacia del presidente encargado Juan Guaidó han sido, hasta ahora: cuidar las alianzas con los gobiernos que lo han reconocido, mantener la presión sobre Maduro y su régimen y buscar soluciones tangibles a los múltiples problemas que enfrenta la diáspora venezolana, entre ellos, la respuesta de los distintos Estados a la explosión migratoria. 

En cuanto a estos tres objetivos, la diplomacia de Guaidó ha sido más o menos consistente, con cierto grado de éxito. Quizás uno de los mayores logros en estos países es que acepten pasaportes venezolanos vencidos o pasaportes cuya validez haya sido prorrogada por oficiales del gobierno encargado, una medida que afecta de manera positiva la vida diaria y los planes de los venezolanos.

Sin embargo, también se han cometido una cantidad de errores, algunos de ellos muy serios para las costumbres y los estándares diplomáticos. 

Los errores

Un ejemplo de esas equivocaciones fue la ocupación forzosa de la Embajada de Venezuela en Costa Rica por parte de la representante nombrada por la Asamblea Nacional, María Faría, que el gobierno de Costa Rica rechazó categóricamente, pues incumplía no solo las formas sino el plazo de 60 días que el Ejecutivo costarricense había otorgado a los representantes de Nicolás Maduro para que dejaran el país. Faría después se disculpó. 

Otro fue la declaración de la representante de Guaidó  ante la República Checa, Tamara Sujú, en cuanto a que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, no debía visitar Caracas a menos que liberaran a todos los presos políticos. Era algo que ni siquiera Guaidó puso como condición, al menos no públicamente. Sujú terminó renunciando a su función de representante, alegando que no era compatible con su trabajo como activista. 

Otro tema es la manera en la que estos enviados se definen a sí mismos. Algunos insisten en usar el término “embajador”, incluso si este título (que no es fácil de obtener aun entre diplomáticos de carrera que pasan años en el servicio exterior) no ha sido admitido por el país que los recibe. Por ejemplo, Otto Gebauer se llamó a sí mismo embajador ante Berlín, aunque el gobierno alemán no lo considera como tal. Este es también el caso de Orlando Viera Blanco, quien tendría que renunciar a su estatus de residente permanente en Canadá para convertirse en embajador de Venezuela ante Ottawa.  

Otros traspiés ocurrieron en el ambiente hipersensible de la opinión pública. Cuando el enviado de Guaidó en España, Antonio Ecarri Bolívar, visitó a la selección nacional de fútbol antes de un juego, el director técnico Rafael Dudamel dijo que renunciaba a su puesto; el motivo que alegó era que Ecarri Bolívar – vicepresidente de Acción Democrática – había “politizado” la visita al hacer públicas las fotos de un encuentro que se suponía era privado. Dudamel, empleado de la Federación Nacional de Fútbol, que es controlada por el chavismo, conservó su puesto. 

El representante en Canadá, Orlando Viera Blanco, un abogado y activista ligado a Voluntad Popular que vive entre Montreal y Miami, ha sido criticado por sus artículos y sus contenidos en redes sociales, pues no están en sintonía con el tono y la sobriedad que debe exhibir un diplomático. 

El problema de fondo pareciera ser que no hay una política internacional claramente definida, que provea guías generales alrededor de las cuales los enviados de Guaidó deberían articular su discurso de manera uniforme, algo particularmente necesario cuando nos encontramos ante gobierno que no tiene precedentes. Esto aclararía las responsabilidades y los deberes de los enviados, las posiciones comunes ante distintos temas y una mínima dirección sobre cómo establecer relaciones internacionales dada su posición única como enviados de un gobierno encargado sin acceso real al poder del Estado o a las estructuras administrativas. 

Como no hay un Ministro de Relaciones Exteriores liderando estos esfuerzos, las contradicciones y los errores son de esperarse. Es posible que Julio Borges, representante ante el Grupo de Lima desde Bogotá, sea nombrado para esta posición en cualquier momento.

La otra parte del problema 

Guaidó enfrenta una dificultad práctica asociada a la naturaleza excepcional de su gobierno encargado: designar embajadores. Ser un gobernante legítimo y ser reconocido por un número importante de países no es suficiente, ya que el aparato del Estado está ocupado todavía por quienes responden a Maduro y sus aliados. Por esto, en países como Alemania, darle tratamiento como embajador al enviado de Guaidó es problemático ya que, en todos los sentidos prácticos, Maduro todavía gobierna y son sus subordinados los que tienen derecho a protección diplomática y otros beneficios establecidos en los tratados internacionales. 

Eso explica por qué los delegados del gobierno encargado de Guaidó son considerados sus representantes personales o enviados especiales, y no embajadores. Sin embargo, los países latinoamericanos han optado por otorgar estatus de embajadores a los enviados aun si esto complica ciertos asuntos e implica riesgos para la seguridad de sus propios emisarios en Venezuela.

En algunos casos, los representantes de Guaidó ocuparon puestos que habían quedado vacíos cuando Maduro retiró a sus delegaciones. Este es el caso de Colombia, donde el entonces embajador de Venezuela, Iván Rincón Urdaneta, había renunciado en julio de 2018, y el de Brasil, donde se declaró persona non grata al encargado de negocios venezolano en diciembre de 2017, como represalia por la expulsión del embajador brasileño por orden de Maduro. 

La diplomacia de Guaidó también carece de un recurso muy importante en este momento tan delicado: diplomáticos de carrera. Muchos de los enviados tienen poca o ninguna experiencia en diplomacia. 

Es necesario entender que estas designaciones son producto de circunstancias extraordinarias, las que rodean al gobierno encargado, que son de naturaleza relativamente transitoria, mientras se forma un gobierno formal y funcional. Pero aun así parecen responder más a alianzas políticas que a experiencias y capacidades en política o diplomacia, algo que se necesita con urgencia para llevar a cabo la difícil tarea de representar a un gobierno reconocido pero que no está gobernando todavía. Julio Borges y Carlos Vecchio tienen un amplio currículum político. Hay enviados con experiencia diplomática, como el ex Ministro de Relaciones Exteriores Humberto Calderón Berti (Colombia), Gustavo Tarre Briceño (OEA) y María Alejandra Aristiguieta (ONU Ginebra). Pero más allá de eso, después de varios años de haber sido ignorados y rechazados por Chávez y Maduro, los diplomáticos de carrera con servicio en el exterior, experiencia y conocimiento de las relaciones y los códigos internacionales han sido ignorados también por Guaidó y su equipo. 

El criterio para escoger a los enviados especiales parece ser una combinación de lealtad política y lugar de residencia, que significa que los representantes ya estaban viviendo en el país donde son nombrados, algunos con el estatus de exiliados. Este es el caso de Guarequena Gutiérrez en Chile y Orlando Viera Blanco en Canadá. 

Dentro de todo, la diplomacia de Guaidó ha sido acertada y coordinada en muchas ocasiones pero torpe en otras, creando confusión entre quienes apoyan al gobierno encargado y sus aliados internacionales. Manejar las expectativas, designar un Ministro de Relaciones Exteriores y formular e implementar una agenda de política internacional coherente, con algunos objetivos claros y órdenes para los embajadores y enviados personales, sería una gran idea.

Esta pieza se publicó originalmente en Caracas Chronicles.