La alta comisionada presentó un nuevo informe que subraya la persistencia de violaciones sistemáticas de DDHH y las lamentables condiciones de la población, peores además por algunas de las sanciones
Bachelet denunció que su equipo no ha logrado acceder ni a la Dgcim ni al Sebin
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció en un nuevo informe que persiste un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y torturas por razones políticas en Venezuela. Lamentó que los actores políticos no lograran encontrar una solución negociada que resuelva la crisis en el país. Aseguró que todavía no se avanza hacia un proceso electoral creíble y democrático. Reclamó las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que disminuyen la posibilidad de construir condiciones democráticas. Recordó los bajos salarios en Venezuela, los altos precios de los alimentos, las terribles fallas de los servicios públicos y el precario sistema de salud. Denunció que su oficina no ha logrado acceder ni a la Dgcim ni al Sebin, y alertó sobre la gran cantidad de jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad. Entre enero y mayo de 2020, “habrían muerto violentamente 1.324 personas” en el marco de operativos de seguridad del Estado. El informe hace 16 nuevas recomendaciones, que sumadas a las anteriores, son 39 recomendaciones concretas para mejorar la situación.
Ya no hay taladros petroleros operando en Venezuela, en 1997 había 119. La producción petrolera colapsó en junio por la caída de la demanda, del precio y de las sanciones por la corrupción cometidos en Pdvsa. Pero chavismo ha venido destruyendo la industria petrolera desde 2015. Michelle Bachelet dijo en su informe que aunque la reducción de la capacidad de producción de Pdvsa puede atribuirse a varios factores, “las sanciones contra el sector petrolero han contribuido a la fuerte disminución de la producción”.
El juez Nigel Teare, del Tribunal Superior británico, decidió que la junta ad hoc nombrada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es a quien corresponde la autoridad sobre las reservas del oro de Venezuela depositado en el Bank of England (BoE), dado que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente a Guaidó. La cancillería de Nicolás rechazó la decisión y anunció que apelará la decisión.
La organización Transparencia Venezuela documentó en su informe Crimen Organizado y Corrupción: Un problema de Estado, que en el país operan nueve bloques delictivos, y que al menos 15 agrupaciones paramilitares dominan el territorio, ejercen control social y se dedican a la delincuencia organizada. Los investigadores reseñan las megabandas criminales, los seudo sindicatos de la construcción, petroleros y mineros; los colectivos armados, los pranes carcelarios; las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches; el Holding de la corrupción, los traficantes de drogas, los grupos paramilitares originarios de Colombia y las denominadas Bacrim. La investigación constata que el territorio venezolano es un puente para el narcotráfico internacional, que muchas de las acciones delictivas se lideran desde las cárceles, y que la impunidad convalida y propicia el incremento de la violencia. Se reseña también la injerencia del sector militar en el sector público y su papel en el crimen y la corrupción. El chavismo, concluyen, edificó un sistema de Estado-cuartel cuyas principales características son: violencia institucional, colonización de la administración pública y la incorporación de miembros de la FFAA en la cúpula económica. La apología de la guerra y la represión, para conculcar libertades, condujo a la violación sistemática de los derechos humanos y ciudadanos. Entre 2014 y 2019 procesaron a más de 800 civiles en tribunales militares, y solo durante las protestas de 2017, se imputaron delitos castrenses (rebelión, traición a la patria y ataque al centinela) a 757 civiles. El capítulo final del informe es una propuesta para superar el crimen organizado en Venezuela. Hay mucho por hacer.
Venezuela dejó sin efecto la decisión de expulsar a la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, jefa de la Delegación de la Unión Europea. El canciller de Nicolás y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, coincidieron en mantener las relaciones diplomáticas, “en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político», reza el comunicado.
El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde rechazó por segunda vez el habeas corpus solicitado por la defensa del colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás. Sigue en la cárcel. Esta noche el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, dijo que las acusaciones contra Saab son graves y que es un «caso delicado».
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos revocó las sanciones a varias compañías y tanqueros petroleros que se desligaron del régimen de Nicolás.
Fiscales estadounidenses piden confiscar cuatro tanqueros que navegan hacia Venezuela con gasolina de Irán. El reclamo de confiscación alega que la venta fue manejada por Mahmoud Madanipour, empresario vinculado al Cuerpo de Guardia Revolucionaria de Irán, designada por EEUU como una organización terrorista.
Venezuela sumó hoy 211 nuevos casos de covid-19 (total: 6.273 contagios reconocidos), hubo tres fallecidos (dos en Zulia y una en Yaracuy) y van 57 muertes por coronavirus. En el mundo, la pandemia supera los 10,8 millones de contagios y más de 520.605 personas han fallecido, según la Universidad Johns Hopkins. EEUU sigue siendo el foco de la pandemia con más de 2,7 millones de casos y 128.684 muertes. Le sigue Brasil con 1.496.858 casos y 61.884 muertes. Perú supera los 292.000 contagios y en Chile van 284.541. Colombia superó los 102.261 casos y las 3.650 muertes.
