Los mirandinos podrán comprar dos días a la semana, según el terminal de su cédula. Los contagios en el país superan los 16.000 y ni Luis Motta Domínguez ni Eustoquio Lugo, ni sus familiares directos, entrarán más a EEUU
Juan Guaidó anunció que este miércoles inician “un proceso de divulgación de los resultados de la gestión de los activos del país en el exterior”
El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció que a partir de este miércoles 29 de julio, la venta de productos esenciales se hará por terminal de número de cédula, distribuidos por pares de lunes a viernes, pero en fines de semana, cada día se atenderá a cinco terminales. Según la Gaceta Oficial Nº 5067, “la compra de medicamentos queda exceptuada de esta disposición”, impuesta para evitar el aumento de los contagios de coronavirus en esta entidad, la tercera con más casos confirmados. El decreto obliga a los comerciantes a poner pancartas con el cronograma, que “deberán cumplir en sus procesos de venta al público”. La venta por terminal de la cédula tendrá una vigencia de 30 días.
La vicepresidenta de Nicolás, Delcy Rodríguez, informó que este martes registraron 583 nuevos casos de covid-19, van 16.571 contagios reconocidos. Además dijo que hubo 5 fallecidos por coronavirus, lo que eleva a 151 las muertes reconocidas. Estas incluyen a una embarazada a quien se le adelantó el parto: “El bebé nació vivo y se encuentra en buena evolución, pero ella murió de paro cardiorespiratorio”, dijo sobre esta mujer de Guarenas, estado Miranda.
Los diputados de la Asamblea Nacional calificaron de violencia estatal el asesinato de Carlos Chaparro, el comerciante al que disparó la Guardia Nacional en Anzoátegui. La diputada Tatiana Montiel aseveró que hubo uso indebido de la fuerza y un esquema mafioso en la venta de combustible. Y la diputada Adriana Pichardo denunció la grave violación de los derechos humanos de los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto, detenidos por razones políticas.
Juan Guaidó anunció que este miércoles comienza “un proceso de divulgación de los resultados de la gestión de los activos del país en el exterior”.
Carlos Berrizbeitia propuso la creación de un Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la AN, para diagnosticar y recomendar políticas públicas. El acuerdo establece la realización de encuestas y recepción de denuncias sobre la violación de derechos alimentarios.
Miguel Pizarro, diputado en el exilio, informó hoy al Parlamento sobre el financiamiento, con la orden de pago de $ 17 millones aprobada el 25 de julio, de la importación de material de protección como parte de la respuesta humanitaria, mediante organismos como la Organización Panamericana de la Salud y Cruz Roja Internacional. Esos fondos se usarán también para aumentar la capacidad de detección del virus en el país y descentralizar las pruebas PCR, una tarea que ejecutará la OPS, organismo encargado de dotar a los laboratorios que ya ha identificado en el país. Pizarro explicó que la ayuda será prioritaria para los estados más afectados por la pandemia.
La CIDH adoptó una resolución sobre los “Derechos Humanos de las personas con covid-19”, por el riesgo que corren en muchos países, al no ver asegurados sus derechos a la vida y a la salud con una adecuada disposición de servicios médicos. La pandemia ha exacerbado los cánones de discriminación, pobreza y desigualdad en Latinoamérica, amén de la precariedad de los sistemas públicos de salud.
El sindicalista Rubén González seguirá injustamente preso en la cárcel de La Pica, porque la Corte de Apelaciones de los Tribunales Militares en Monagas no dictó sentencia y se reservó 10 días para decidir sobre su libertad. González es otro civil juzgado en una corte militar.
Foro Penal publicó el balance de los presos políticos en Venezuela. Hay 382 detenidos por delitos de conciencia, 12 menos que la semana anterior. Son 353 hombres y 29 mujeres; 253 civiles y 126 militares. Dos de los presos son adolescentes.
Freddy Bernal informó sobre las personas detenidas por tratar de ingresar al país por pasos irregulares: 180 «trocheros» han sido detenidos hasta este martes. Remitieron a 110 al Ministerio Público y procesaron penalmente (¿?) a 13, que mandarán a la cárcel El Dorado, a cumplir condenas de entre 6 y 10 años por “tráfico ilegal de personas, instigación al desorden, asociación para delinquir e incumplimiento al régimen especial de seguridad”.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, dijo que América Latina, que ya presentaba un deterioro en su crecimiento, saldrá más pobre de la pandemia. Sobre Venezuela, señaló que aunque desde el banco “no podemos hacer absolutamente nada” (porque el país está en default desde 2018 por unos $ 700 millones), la nación recibiría asistencia tan pronto se produzca un cambio de gobierno. “No hay en la historia de la humanidad un país que haya tenido un nivel de contracción tan profundo como el de Venezuela sin haber tenido una guerra o un enorme desastre natural o los dos. No hay una coyuntura igual a la destrucción de valor que se ha dado en Venezuela”, dijo Moreno.
Trabajadores jubilados de Pdvsa manifestaron en varias ciudades para exigir salarios dignos y otros beneficios contractuales.
Los investigadores de la ONU que supervisan el cumplimiento de las sanciones contra Corea del Norte (que datan de 2006), están analizando un posible acuerdo militar y tecnológico entre Pyongyang y Venezuela y han advertido al embajador de Nicolás en la ONU, Samuel Moncada, que Venezuela podría violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, reseña Reuters.
El exministro de Energía, Luis Motta Domínguez, y el general de la Guardia Nacional, Eustoquio Lugo, así como sus familiares directos, tienen prohibida la entrada a territorio estadounidense, anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, por cometer actos de corrupción ligados a la destrucción del sistema eléctrico nacional.
El banco alemán Sparkasse Bank recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta después de que una inspección descubriera serias deficiencias en las salvaguardas contra el lavado de dinero. Sparkasse Bank es conocido desde 2018 por las transacciones sospechosas de Portmann Capital como parte de un supuesto esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela, utilizando fondos malversados de Pdvsa.
El colombiano Álex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás, solicitó arresto domiciliario en Cabo Verde, por supuestos problemas de salud. Además, su defensa acusó a EEUU de “falsedad integral” en su solicitud para facilitar la extradición. Según la impugnación presentada contra el aval del Gobierno caboverdiano, los abogados sostienen que EEUU ha violado “el principio de lealtad penal” en este caso.
Autoridades de Colombia reportaron este martes que la sede del Consulado de Venezuela en Bogotá fue destrozada y saqueada, meses después de que la delegación diplomática de Nicolás abandonó el lugar. La Cancillería venezolana denunció que el Gobierno colombiano viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, “al permitir, por acción u omisión, la ocupación ilegal” de la sede consular. Acudirán ante el secretario general de la ONU para denunciar el “saqueo” de la sede. Jorge Arreaza pidió a Colombia que investigue, y afirmó que Venezuela “se reserva cualquier medida en el orden del criterio de reciprocidad pero siempre será una medida en el marco de la legalidad y en el marco de la civilidad”.
