La migración forzada de los “dignificados” de Vargas

Luego del desastre muchos damnificados fueron reubicados por el aparato cívico-militar muy lejos de Vargas. En Mérida, no todas las familias pudieron adaptarse y tuvieron que aguantar no solo el control del Estado, sino la desconfianza de la gente

Las penurias de los "dignificados" durarían años. En la foto, una varguense que volvió a su región desde un refugio en Anzoátegui clama por ayuda en la Casa Guipuzcoana

Foto: Paula Vásquez Lezama, de "L'action publique humanitaire" (Ethnologie Française, 2011)

Unos cinco días después del deslave, junto a mi madre guardaba dentro de una caja atún, leche y sardinas para llevarlas al centro de acopio que había en mi escuela. Yo no sabía dónde quedaba Vargas. Para mí era como si hablaran de un lugar remoto, donde había pasado algo terrible y todos debíamos ayudar. Como si fuera Nicaragua, o Nepal.

Mérida para ese entonces era próspera y tranquila, una ciudad funcional cuya cultura giraba alrededor de la universidad, la iglesia católica, la agricultura y el mercado inmobiliario. Parecía haber suficiente lugar para vivir y trabajar. Era segura y tenía una dinámica pacífica y conservadora, aislada del caos caraqueño y ajena a la enorme pobreza que rodeaba a las ciudades petroleras. Hugo Chávez era solo un leve zumbido en las radios, que comenzó a escucharse más fuerte a partir de la tragedia.

Antes que los refugiados, llegaron los rumores. El primero, que un avión Hércules aterrizaría en el aeropuerto de la ciudad, cargado con cientos de huérfanos, niños perdidos que necesitarían un nuevo hogar con padres dispuestos a adoptarlos. Y aunque se desmintió públicamente la historia, muchos la tomaron como una consigna que repetían para reclutar voluntarios. La ciudad entera se movió para ello: había suficiente comida para recibirlos, medicamentos y atención hospitalaria, educativa, familiar. Se organizaron comités y reuniones entre las ONG y el gobierno local. Pero las cosas cambiaron bastante cuando aparecieron los soldados. 

La militarización de la tragedia

Hugo Chávez había prometido que todos los que se habían quedado sin vivienda serían reubicados durante el año 2000. Y eso lo haría el mismo aparato “cívico militar” que había extraído a miles de personas de la zona de desastre en helicópteros de combate y barcos de guerra, y las había llevado a cuarteles en Caracas o a bases navales en Vargas o Puerto Cabello. Era un gobierno además en el que unos cuantos eran parte de la vieja idea de que la pobreza tenía que ver con el hecho de que la población venezolana está desigualmente distribuida sobre el territorio (demasiada gente en las costas mientras los llanos y la selva estaban despoblados), y vieron la ocasión perfecta para poner en práctica sus teorías. Sin casa, sin nada, absolutamente vulnerables, esos damnificados iban a ser trasladados adonde el Estado decidiera.

Lo que esos seres humanos en verdad querían hacer —como permanecer cerca de sus regiones de origen, o volver a Vargas para reconstruir sus hogares— no parecía importar.  

Las primeras familias damnificadas de Vargas llegaron a Mérida entre el 19 y el 20 de diciembre. La mayoría lo hicieron por sus propios medios, ya que tenían familiares o amigos en la ciudad. Pero luego llegó un grupo más grande de refugiados fue trasladado por órdenes militares a dos campamentos base: el Camping, un lugar destinado al turismo en San Javier del Valle, vía la Culata, y el cuartel del batallón de Conscriptos, en San Jacinto. Otras familias fueron distribuidas al principio en un par de refugios. 

El primer obstáculo ocurrió cuando la coalición del gobierno local de Acción Democrática, la iglesia y las ONG se enfrentó con los militares a los que se les habían dado competencias sobre asuntos civiles como la salud y la distribución de alimentos. Esto generó un desequilibrio en la gestión de la asistencia a los damnificados, que se debatían entre el asistencialismo exacerbado y competitivo de voluntarios poco preparados y el régimen militar impuesto en los campamentos, especialmente en Conscriptos, donde separaron a las mujeres de los hombres y limitaron el desenvolvimiento natural de las personas y sus actividades sociales, aparte de que les asignaron tareas específicas según su género, en mantenimiento y limpieza. 

En el Camping las cosas fueron un poco diferentes, ya que se les permitió a las familias permanecer juntas y la presencia militar no fue tan determinante, aunque estaban aislados de la población local, sin oportunidades para la integración, durante al menos tres meses. Eran reclusos en un territorio extraño con un clima diferente y bajo estricta vigilancia. 

Los “reubicados”

Cuando se comenzó a hablar de la reubicación de esos refugiados, los rumores volvieron a aparecer y los pueblos o barrios en donde serían reinsertados miraban ahora con recelo la llegada de los varguenses. 

En Tovar, la alcaldía y la iglesia organizaron en enero una actividad cultural para recibir a los nuevos habitantes, pero las tropas no los trasladaron y los vecinos se quedaron esperándolos. Dos meses después, en una operación de madrugada, los militares desalojaron los refugios y trasladaron a los desplazados a sus nuevas casas en Tovar. La mayoría apartamentos inacabados, sin frisar, sin instalaciones eléctricas o agua. Les entregaron algunos muebles y comida, y les dijeron que en unos meses se comenzaría a mudar gente del pueblo a los edificios. 

A José Reyes, que arribó desde La Guaira a Mérida con su esposa y sus dos hijos, le asignaron un apartamento en Chama II, cerca de la ciudad. No les costó tanto integrarse porque no estaban en el campo. Como era buen carpintero y albañil consiguió trabajo en la zona educativa y en diferentes escuelas, donde inscribió a sus hijos. “Yo aún no sé cómo sobrevivimos”, dice hoy desde Mérida, donde siguen viviendo. “La noche de la tragedia al ver el agua tomé a mi mujer y a los muchachos para irnos hasta la cancha de comunidad. Aún no sé cómo llegamos vivos. Yo solo tenía los shorts y las sandalias”.

Los meses siguientes a la reubicación, el gobierno de Chávez tomó el control de los recursos, las donaciones y la distribución de la ayuda humanitaria, anulando o limitando la acción de los comités de asistencia independientes. Aprovechó de hacer campaña con su recién creado Combo Bolivariano -dos kilos de harina precocida y uno de arroz, un frasco de mayonesa, un litro de aceite y dos latas de sardinas- y decretó un programa de empleo rápido en el que los beneficiarios recibían un subsidio directo del Estado mientras conseguían un empleo, casi siempre en instituciones públicas. Muchos terminaron siendo obreros, albañiles, vigilantes, secretarias y bedeles de organismos públicos. Algunos que no consiguieron empleo comenzaron a hacer trabajo informal o se regresaron a la costa. 

El estigma del superviviente

Aquella respuesta de contención inicial se esfumó, sin seguimiento institucional alguno. 

Entonces apareció la discriminación.

De pronto, en la imaginación popular, los damnificados ya no eran gente necesitada de ayuda urgente, sino saqueadores, violadores, drogadictos, prostitutas y asesinos, todos desagradecidos, que habían llegado a pervertir una ciudad tranquila y católica.

No habían siquiera salido de los refugios y ya eran culpables de crímenes que no habían cometido. En la radio se hablaba de cómo vestían las mujeres, de cómo se expresaban los hombres. Lo reproducían los vecinos, las maestras en la escuela. El racismo de muchos andinos que no aceptaban a esa gente morena del Caribe fueron contaminando el trato general a los varguenses que vivían entre nosotros. Tan fuerte era el prejuicio que cuando la inseguridad se incrementó en Mérida en los años siguientes, como lo hizo en todo el país, los culpables favoritos eran los damnificados que habían llegado en diciembre de 1999.

A muchos que quisieron abrirse camino por su cuenta, cuando iban a buscar empleo les decían “vaya y pídale trabajo a Chávez”. En los sindicatos locales se opusieron a la contratación de damnificados en las empresas y comercios. La superstición colectiva los veía como aves de mal agüero, como si aún los acompañara esa tragedia invisible que los había arrastrado hasta allí. 

Los resultados de esa migración forzada son por lo menos desiguales. Muchos terminaron regresando a Vargas a buscar los rastros de su vieja vida. Otros hasta dejaron los urbanismos en el interior del país para vivir por años en un refugio en Caracas, que fueron considerados lugares de residencia en el Censo Nacional de 2011. Los edificios de la Misión Vivienda se poblaron en parte con gente que residió por años en canchas, instalaciones militares, hoteles expropiados, toda esa suerte de ciudad provisional que se regía por la franja gris del Estado que todo lo decidía y los pequeños caudillos que crearon un modo de vivir de la vulnerabilidad crónica de los demás.

Habían sufrido una doble pérdida: la de lo que quedó sepultado bajo los sedimentos volcados por el deslave y la de muchas de sus libertades, que les arrebató el Estado. No se les permitió expresar, atender su duelo; integrarse sanamente a su nueva cultura de acogida; escoger su propia casa, su trabajo; retomar sin riesgos las profesiones que desarrollaban antes. Luego del deslave, el chavismo ensayó tácticas políticas y militares que aún hoy sigue implementando, usando las emergencias como oportunidades para ampliar su control sobre una población que para el Estado no merece sanar: sólo le corresponde seguir órdenes.